Con seguridad habrá leído o escuchado el término “lawfare” especialmente por parte de quiénes por fechorías han fugado de sus países y exclaman ser perseguidos políticos. ¿En qué consiste? pues bien, el lawfare consiste en una estrategia de origen militar, mediante la cual se hace uso inadecuado de instrumentos jurídicos acompañado con una agresiva campaña de desprestigio y persecución, con la finalidad de deshacerse de “enemigos” políticos. En la actualidad, temas relacionados con corrupción se llevan nuestra total atención, esto considerando que la información fluye con gran velocidad e importante contenido marketero, y el escaso conocimiento de leyes de la audiencia, restringe la posibilidad de discernir qué es un tema político y qué es un tema jurídico. En términos sencillos el lawfare es un arma que se usa en momentos de alto costo político para la persona o grupo objetivo, la cual opera en complicidad del poder político y judicial de turno, siendo selectiva, pues se elige a quienes se persigue y a quiénes se los invisibiliza, por lo que no resulta extraño que en ciertos procesos judiciales unos sean absueltos y frente a otros exista una especie de ensañamiento.
Lo mencionado, requiere de un actor clave el “periodismo de guerra”, mismo que contribuye a la manipulación de la opinión, orientando la información para consolidar una idea errónea de supuestos hechos que configurarían delitos contra la administración pública. Lo que ocurre tristemente en América Latina y en nuestro país, requiere tener en cuenta como funciona el lawfare, pues son muchos políticos víctimas de este mecanismo, así como hay muchos otros, que escudan sus malas prácticas aduciendo lawfare. En este contexto, que no le resulte extraño que ciertos “bombazos noticiosos” que debilitan a actores políticos con gran presencia en el entorno nacional, busquen la aplicación del lawfare para anularlos políticamente.
Esta columna pretende contribuir con la opinión pública, pues por medio de redes sociales nos manipulan con información de obligatorio consumo, limitando sustancialmente nuestra capacidad de análisis respecto de si los implicados tienen o no responsabilidad jurídica. Coincidimos que la ley es aplicable para todos en igualdad de condiciones, por lo que no podemos permitir que se abuse de esta o tuerza para beneficios políticos, por el simple hecho de estar del lado opuesto. El poder es efímero, lo que reprochábamos en la década dictatorial no puede ser motivo de festejo en la actualidad.
Fuente: Publicación Diario La Hora – Tungurahua, fecha 30.08.2020
